El 28 de Septiembre es el Día de lucha por la despenalización y legalización del derecho al aborto en América Latina y el Caribe, para que la clandestinidad del aborto deje de ser causal de muerte, criminalización y sufrimiento, y pase a ser un derecho reconocido por los Estados para las mujeres.
En julio pasado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito presentó, por sexta vez consecutiva, ante el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una herramienta legal y de ciudadanía que fue elaborada por una comisión de expertas que tomaron los aportes de miles que discutieron en foros organizados en todo el país durante el año 2015.
La pasividad del Estado, la falta de políticas públicas en educación y salud, y la creciente criminalización de las decisiones de autonomía de las mujeres, avanzan sobre sus derechos cada vez que a una mujer es violentada, revictimizada por las instituciones o encarcelada por la denuncia de integrantes de equipos de salud que violan el secreto profesional.
Así sucedió con “Juana”, en Salta, la niña wichi a quien no garantizaron el acceso al aborto tras haber sido violentada sexualmente,y con “Belén”, en Tucumán, por quien hoy seguimos exigiendo su absolución tras ser condenada a 8 años de pena privativa de su libertad tras un aborto espontáneo, temas éstos de que ya hemos hablado en Código de Radio.-
Cuando hablamos de despenalización y legalización del aborto, hablamos de que no se trata de que las mujeres dejan de abortar porque está prohibido, sino de que quienes pueden pagarlo en una clínica privada lo hacen sin riesgos, mientras que quienes no pueden pagarlo lo hacen arriesgando su vida y su salud.
Cuando hablamos de despenalización y legalización del aborto, hablamos de un problema que en vez de estar en el lugar que debería estar, la salud pública, está abandonado a la selectividad del sistema penal. Ese sistema penal que nada-dice-nada-encuentra-nadacastiga cuando se trata de mujeres que pueden pagarse un aborto en una clínica privada, y que alza su dedo señalador cuando se trata de mujeres pobres que acuden en última instancia al sistema público de salud cuando se complica el cuadro producto de la clandestinidad.-
Cuando hablamos de despenalización y legalización del aborto hablamos del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y de la triple obligación que tiene el Estado para garantizar ese derecho: facilitar la toma de decisiones a través de la educación sexual, posibilitar esa decisión a partir de la provisión de los anticonceptivos para evitar embarazos, y arbitrar los medios para, a través del sistema de salud, evitar la muerte por clandestinidad de aquellas que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo.-
Cuando hablamos de educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar, de despenalización y legalización del aborto para no morir, lo hacemos luchando para construir una sociedad sin hipocresías ni dobles discursos, donde las mujeres dejen de ser objetos del patriarcado para erigirse en sujetas de derecho.
Por eso, de nuevo,
Educación Sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto Legal para no morir
Ni Muertas Ni Presas
Vivas y libres nos Queremos.-..
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