El pasado mes de octubre se cumplieron diez años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (LN 26150/06). Muchos más desde que diferentes organizaciones de la sociedad civil se manifiestas en favor de la necesidad de contar con educación sexual en todos los niveles educativos y de una efectiva separación del Estado y la Iglesia oficial en este ámbito. Sin embargo, desde su sanción, la implementación de esta ley ha sido un permanente campo de disputas ideológicas y políticas.
La ESI no se implementa realmente en todo el país y hay provincias que siguen sin adherir a ella. Tampoco en todos los niveles educativos, y el nivel superior es uno particular en donde brilla por su ausencia de los planes de estudios. La institución escolar, por su parte, continúa ofreciendo muchas veces resistencias al abordaje de la educación sexual, bajo argumentos empapados de paradigmas tutelares, enfoques moralistas, genitalistas y biomédicos.
Se trata de un campo de disputas, también, de los derechos que tenemos como seres humanos, como niños y niñas, adolescentes, jóvenes. Estos derechos incluyen la enseñanza de herramientas que nos permitan defender nuestra integridad afectiva, identitaria, sociocultural y psicológica, y la enseñanza de la sexualidad desde el placer y los cuidados, no como algo peligroso.
Desde la asunción del gobierno actual en diciembre pasado, asistimos a sucesivos intentos y logros de vaciamiento de los programas que forman parte de la Ley de Protección integral a la Mujer y la Ley de Educación Sexual Integral. Como estrategia de vaciamiento del gasto público, el gobierno subejecuta el presupuesto destinado a esas áreas tan sensibles, realiza recortes presupuestarios, no se garantizan los materiales y en el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, recientemente presentado, hay un apartado de educación en el que se desconoce por completo la existencia de la ESI. Las perspectivas para el 2017 no son más auspiciosas.
Estamos frente a un claro avance machista y misógino que pretende atropellar nuestros derechos conquistados. La violencia de género no es una “moda”, como afirmó desvergonzadamente el intendente del Partido de General Pueyrredón recientemente durante un acto en un establecimiento educativo de la ciudad de Mar del Plata. La violencia de género es una problemática social que requiere de un Estado presente y de políticas públicas con adecuado presupuesto.
El gobierno actual pretende acostumbrarnos a un discurso en el que está permitido sacarse un foto con el cartel de #NiUnaMenos, al mismo tiempo en que se recorta el presupuesto de la Ley de Protección Integral a la Mujer. Un discurso en el que se muestran indignados cuando matan a Lucía, pero desconfían y manifiestan la inconveniencia de que nuestros hijos e hijas aprendan a ponerse un preservativo, a desarrollar habilidades emocionales para sus relaciones amorosas o saber qué es un orgasmo. Un discurso hegemónico que invita al horror cuando muestra morbosamente en televisión los detalles espeluznantes de cómo Mangieri mató a Ángeles, o de cómo encontraron en una bolsa el cuerpo sin vida de Melina… Y, al mismo tiempo, se horroriza cuando dos mujeres se besen en un bar. Es el discurso del patriarcado, aquel que afirma por todos sus poros que la sexualidad y el amor deben vivirse heteronormados y dentro del marco de un sistema en el que el trabajo de las mujeres está supeditado a la supremacía del de los hombres.
Como ciudadanas y ciudadanos debemos defender esta Ley. Defenderla porque el derecho a la educación sexual integral es también el derecho a la identidad de género y el respeto a la identidad sexual. Defenderla porque todos y todas tenemos derecho a recibir información adecuada y veraz. Defenderla porque queremos escuelas que eduquen en deseos y cuidados y no en peligros. Porque necesitamos educación sexual integral para poder decidir sobre nuestros cuerpos y por sobre todo PARA NO MORIR!
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